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La Ley de Seguros del 2015: tercera parte – reclamaciones fraudulentas, buena fe, exclusiones y terceros en un contexto comercial

Herrera DKP Emisión: 04 de octubre de 2016

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Autor: Andrew Dinsmore

1. La Ley de Seguros del 2015 (de aquí en adelante la Ley del 2015) recibió consentimiento real el 12 de febrero del 2015 y entrará en vigor en agosto del 2016. Trata de las siguientes áreas:

  1. 1.1. El deber de información: Parte 2 de la Ley del 2015.
  2. 1.2. Garantías: Parte 3 de la Ley del 2015.
  3. 1.3. Recursos para reclamaciones fraudulentas: Parte 4 de la Ley del 2015.
  4. 1.4. El deber de la buena fe y las exclusiones: Parte 5 de la Ley del 2015.
  5. 1.5. Enmienda a la Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010 (Ley de Terceros [Derechos contra Aseguradoras] del 2010): Parte 6 de la Ley del 2015.

2. Este artículo es el tercero de una serie que ha abordado cada uno de estos cambios. Este artículo considera los siguientes temas restantes, a saber:

  1. 2.1. Recursos para reclamaciones fraudulentas
  2. 2.2. La revocación del deber de la buena fe
  3. 2.3. Exclusiones a la Ley del 2015
  4. 2.4. Enmienda a la Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010 (Ley de Terceros [Derechos contra Aseguradoras] del 2010):

(1) Recursos para reclamaciones fraudulentas:

3. Las reclamaciones fraudulentas se abordan en el artículo 12 de la Ley del 2015 que indica lo siguiente:

  1. «(1) Si el asegurado presenta una reclamación fraudulenta en virtud de un contrato de seguro---
    1. (a) la aseguradora no es responsable de pagar la reclamación,
    2. (b) la aseguradora puede recuperar del asegurado cualquier monto pagado por la aseguradora al asegurado con respecto a la reclamación, y
    3. (c) además, la aseguradora puede, por medio de una notificación al asegurado, considerar el contrato como rescindido a partir del momento del acto fraudulento.
  2. (2) Si la aseguradora considera el contrato rescindido---
    1. (a) puede rehusar cualquier responsabilidad civil al asegurado en virtud del contrato con respecto a un suceso pertinente que ocurra en virtud del contrato.
  3. (3) Tratar un contrato como rescindido conforme a este artículo no afecta los derechos y las obligaciones de las partes al contrato con respecto a un suceso pertinente que ocurra antes del momento del acto fraudulento.
  4. (4) En los párrafos (2)(a) y (3), un suceso pertinente hace referencia a lo que da lugar a la responsabilidad civil de la aseguradora según el contrato (e incluye, por ejemplo, una pérdida, la presentación de una reclamación o la notificación de una posible reclamación, dependiendo de cómo esté redactado el contrato).»

4. Esto deja en claro que cuando el asegurado es fraudulento no sólo arriesga el éxito de la reclamación, sino también pone en peligro la posibilidad de que toda la póliza se anule desde la fecha del acto fraudulento (siempre y cuando la aseguradora notifique a la otra parte) sin la posibilidad de solicitar la devolución de primas pagadas anteriormente. No obstante, tome en cuenta que la aseguradora seguirá siendo responsable de reclamaciones legítimas presentadas antes de la anulación de la póliza.

5. Además, la aseguradora tiene la opción de dejar la póliza sin efecto o no; esto no es automático. Por lo tanto, la disposición introduce flexibilidad comercial para aseguradoras que permite que eviten tratos poco ventajosos, al mantener todavía tratos beneficiosos (aunque con un ojo atento a las reclamaciones futuras del asegurado).

6. Con respecto a la definición de fraude y reclamación fraudulenta, la Ley del 2015 guarda silencio y, por lo tanto, estas disposiciones se definirán de acuerdo con el derecho angloamericano, específicamente, si el asegurado presentó una reclamación a sabiendas de que era falsa, sin creer sinceramente en su veracidad o al ser temerario en cuanto a su autenticidad. Además, en mi opinión, es probable que el Tribunal incluya dispositivos concebidos para la falsificación, por medio de los cuales el asegurado da una declaración fraudulenta en respaldo de lo que cree que es una reclamación legítima (tal como se ha señalado recientemente en The DC Merwestone [2015] 2 W.L.R. 1063), de acuerdo con la definición.

7. Finalmente, en el caso de un grupo de compañías, en el cual una compañía contrata la póliza de seguro de parte de todo el grupo, el artículo 13 de la Ley del 2015 deja en claro que el artículo 12 sólo se aplica a la compañía que presenta la reclamación fraudulenta, sin afectar a los miembros inocentes del grupo restante.

(2) El deber de la buena fe

8. La Ley del 2015 ha dejado sin efecto el artículo 17 de la Ley de Seguro Marítimo de 1906, de tal manera que ya no habrá el deber general de la buena fe. Este es un cambio bien recibido, dado que ha sido ambiguo por más de un siglo, si la obligación de la buena fe agregó algo a la ley de falsedad en la formación contractual o qué papel iba a desempeñar más allá de dicha formación contractual. Teniendo en cuenta la amplia consideración dada tanto a la reticencia como a las reclamaciones fraudulentas en otras disposiciones de la Ley del 2015, simplemente no hay necesidad para el deber general de la buena fe según el nuevo régimen.

(3) Exclusiones

9. Esto afirma que la Ley del 2015 sólo se diseñó en calidad de un «régimen por defecto», y es probable que sea la disposición más significativa para la industria de seguros. Si elimina o no el impacto negativo de la Ley del 2015 dependerá del mercado. El artículo 16 de la Ley del 2015 sostiene lo siguiente:

  1. «(1) Una condición del contrato de seguro comercial, o de cualquier otro contrato, que pondría al asegurado en una peor situación con respecto a las declaraciones a las que se aplica el artículo 9 en lugar de la situación en la que estaría el asegurado en virtud de dicho artículo no tendrá, hasta tal punto, impacto alguno.
  2. (2) Una condición del contrato de seguro comercial, o de cualquier otro contrato, que pondría al asegurado en una peor situación en cuanto a cualquier otro tema en las Partes 2, 3 y 4 de esta Ley en lugar de la situación en la que estaría el asegurado en virtud de las disposiciones de esas Partes (con tal que sean contratos de seguro comercial) no tendrá, hasta tal punto, impacto alguno, a menos que se hayan cumplido con los requisitos del artículo 17 en relación con la condición en particular.
  3. (3) En este artículo, las referencias a un contrato incluyen una variación.
  4. (4) Este articulo no se aplica a un contrato para la resolución de una reclamación que surja de un contrato de seguro comercial.»

10. El artículo 9 es el único artículo de la que no pueden desligarse las aseguradoras ya que no hay futuro para las cláusulas sobre el «fundamento del contrato.» Sin embargo, tal como se notó en la Parte 2, no hay nada que se puede hacer para impedir que las aseguradoras incluyan disposiciones amplias en el contrato, ya que sólo se les prohíbe cambiar cada declaración en una garantía con una sola cláusula.

11. En cuanto al resto de la Ley del 2015, se permite que la aseguradora se libere de su aplicación siempre y cuando haya cumplido con los requisitos de transparencia del artículo 17, específicamente que la aseguradora:

  1. 11.1. haya tomado «suficientes pasos» para llamar la atención del asegurado a «las condiciones desventajosas»; y
  2. 11.2. «la condición desventajosa» quede «clara e inequívoca.»

12. Dado que es probable que la industria de seguro comercial trate de liberarse de su aplicación, podría ser que la gran revelación, desde la perspectiva litigante, sea las restricciones precisas de estos requisitos de transparencia, sobre todo cuando se considera que el artículo 17(4) indica que «…las características de los asegurados en cuestión y las circunstancias de la transacción se deben tomar en cuenta.» Es muy probable que haya casos difíciles en la medida en que los requisitos puedan quedar como anillo al dedo para el asegurado.

(4) Enmienda a la Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010 (Ley de Terceros [Derechos contra Aseguradoras] del 2010)

13. El objetivo de la Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010 (Ley de Terceros [Derechos contra Aseguradoras] del 2010) es garantizar que, en caso que el demandado sea insolvente, existe el derecho directo a presentar una reclamación contra su aseguradora sin tener que establecer primero la responsabilidad civil del demandado.

14. La Ley del 2010 aún no ha entrado en vigor debido a deficiencias técnicas, y la Ley del 2015 tiene la intención de abordar estas deficiencias al otorgar el cambio del significado de persona pertinente para sus propios fines. Se espera que esta bienvenida Ley entre en vigor pronto como resultado de este cambio.

Conclusión general de la Ley del 2015

15. El fundamento de la Ley del 2015 tiene un objetivo admirable: garantizar que el derecho inglés de seguros es más justo para el asegurado y prohibir que las aseguradoras anulen pólizas o nieguen reclamaciones por tecnicismos percibidos.

16. No obstante, existe un argumento contundente para aseverar que va más allá del contexto comercial, que ha incorporado mucha incertidumbre en un mercado previamente estable y que sería mejor acatar uno de los pilares tradicionales del derecho inglés: la libertad de contratación.

17. Es probable que haya litigio acalorado sobre muchas de las disposiciones, pero, en mi opinión, el tema más interesante será la medida en que el mercado de Lloyd’s pueda liberarse de la aplicación del régimen, y el litigio con respecto a la posibilidad de hacerlo podría dominar los primeros años de la entrada en vigor de la Ley del 2015.

Sobre el autor: Andrew Dinsmore
Andrew está desarrollando una amplia carrera comercial con énfasis especial en el transporte marítimo, el arbitraje internacional y el litigio. Antes de formar parte de Chambers, Andrew culminó una pasantía en Essex Court Chambers.
andrew.dinsmore@stonechambers.com


Atentos saludos,

Carlos Peralta
Herrera DKP SRL Ajustadores y Peritos de Seguros
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