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Se declaró indebidamente fundada excepción de prescripción

Herrera DKP Emisión: 08 de mayo de 2017

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Cómputo prescriptorio corre desde interposición de la demanda y no desde la notificación

Las instancias de mérito no pueden tomar en cuenta para contabilizar el plazo de prescripción la fecha de notificación con la demanda, sino la fecha en que se interpone la demanda.

En estos términos ya se ha pronunciado esta Corte Suprema de Justicia: Casación número 774-2011 Huánuco, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, de fecha treinta de noviembre de dos mil doce. (Ver texto abajo al final)

REVOCARON la resolución de primera instancia, que declara fundada la Excepción de Prescripción Extintiva deducida por las demandadas Columbia...; reformándola, declararon INFUNDADA la precitada excepción.

Pago de faltante de carga en transporte marítimo. Se verificó un faltante de setenta y dos punto sesenta y cuatro toneladas métricas (72.64 TM) de Aceite Crudo de Palma RBD a granel. (US$.91,657.50).

Sumilla: “…en el caso de autos, se tiene que si bien las instancias de mérito han amparado la excepción de prescripción extintiva deducida por la demandada y, en consecuencia, han declarado nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, bajo el amparo del artículo 955 del Código de Comercio concordado con el artículo 438 del Código Procesal Civil, esto es, que si la descarga de la mercadería se realizó con fecha treinta de octubre de dos mil once en el Puerto del Callao, y habiéndose producido el emplazamiento de la demanda al demandado recién el ocho de noviembre de dos mil doce, después de más de un año desde que ocurrió la descarga en el Puerto del Callao, ha operado la prescripción extintiva; dicha situación vulnera los derechos constitucionales a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, si se tiene en cuenta que las instancias de mérito no pueden tomar en cuenta para contabilizar el plazo de prescripción, la fecha de notificación con la demanda, sino la fecha en que se interpone la demanda de indemnización, esto es, el día veintiséis de octubre de dos mil doce. En efecto, la citación con la demanda constituye un hecho que produce la interrupción del decurso prescriptorio -según lo establece el inciso 4 del artículo 438 del Código Procesal Civil y el artículo 1996 inciso 3 del Código Civil- cuando este acontecimiento se ha dado mientras discurre el plazo primigenio y por tal razón, el período de tiempo que ya se había dado queda sin efecto y vuelve a iniciarse el plazo; sin embargo, cuando no se ha producido ninguna circunstancia que afecte el normal transcurso del tiempo (interrupción o suspensión) entre el momento inicial y el final del plazo prescriptorio, resulta razonable estimar que el día en que se ejercita el derecho de acción, esto es, el día en que se interpone la demanda, sea un acto que debe ser considerado dentro del indicado plazo; por ello, considerar a la notificación misma como el momento en que recién se interrumpe la prescripción, distorsiona los alcances de esta institución jurídica, si se tiene en cuenta que el acto de notificación no se produce el mismo día en que se presenta la demanda sino mucho después, debiéndose considerar además, que las demoras en que incurra el personal encargado de las notificaciones no pueden ser de responsabilidad del justiciable, debido a que afecta el ejercicio del derecho de acción, el mismo que no puede tener limitaciones, ni restricciones conforme lo establece el artículo 3 del Código Procesal Civil, toda vez que se trata de un derecho humano que, como tal, merece total protección1. Siendo ello así, la presente demanda ha sido interpuesta dentro del plazo establecido por ley. …”

“…El inciso 2 del artículo 963 del Código de Comercio establece que: "Prescribirán al año: (...) 2) Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres o marítimos, o sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos transportados; contado el plazo de la prescripción, desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su destino, o del en que debía verificarse según las condiciones de su transporte"; mientras que en el primer párrafo del artículo 955 del Código de Comercio se señala que: "La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de la interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor"; y de acuerdo con el inciso 4 del artículo 438 del Código Procesal Civil: "El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: ( ... ) 4. Interrumpe la prescripción extintiva"…”

CAS. N° 603-2014 CALLAO

INDEMNIZACIÓN SUMILLA: Observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Las instancias de mérito no pueden tomar en cuenta para contabilizar el plazo de prescripción la fecha de notificación con la demanda, sino la fecha en que se interpone la demanda. (Demanda interrumpe prescripción). Lima, veintitrés de enero de dos mil quince.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLlCA; Vista la causa número seiscientos tres – dos mil catorce, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por Alicorp Sociedad Anónima Abierta a fojas ciento treinta y tres del cuaderno de excepciones, contra la resolución de vista de fojas ciento quince, de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que confirma la resolución apelada de fojas diecisiete, de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece, que declara fundada la excepción de prescripción extintiva deducida por la demandada Columbia Shipmanagement Limited y Cape Esmeralda Nav Company Limited, representadas por su agente marítimo Trabajos Marítimos Sociedad Anónima - TRAMARSA, en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: Concedido el recurso de casación, por resolución de esta Sala Suprema de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, de fojas cuarenta y cuatro del presente cuadernillo, ha sido declarado procedente por la causal de infracción normativa de carácter procesal del artículo 955 del Código de Comercio, artículo 1996 del Código Civil e inciso 4 del artículo 438 del Código Procesal Civil y la Contravención de las normas que garantizan el debido proceso; bajo el fundamento de que el artículo 955 del Código de Comercio establece una de las formas de interrupción del plazo de prescripción, esto es, con la presentación de la demanda, pero para los efectos no señala que ésta deba ser admitida y menos notificada, que no se ha tomado en cuenta que la demanda fue presentada con fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, esto es, antes de que venza el plazo prescriptorio; señala que existe una aplicación indebida del artículo 1996 del Código Civil e inciso 4 del artículo 438 del Código Procesal Civil, por cuanto los artículo VIII y IX del Título Preliminar del Código Civil señala que las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas en otras leyes; a su vez señala que se ha contravenido el debido proceso porque no se ha tomado en cuenta el principio de especialidad, la norma especial prevalece sobre la norma general.

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, la garantía del debido proceso, comprende un conjunto de principios relativamente heterogéneos pero absolutamente interdependientes, que conforman una unidad con relación al tipo de proceso que exige el Estado de Derecho, principios que además han de determinar el curso regular de la administración de justicia por parte de sus operadores y que se instituyen como reglas y formas cuyo fin es la protección de los derechos individuales; es en atención a su trascendencia que la ley ha considerado entre los motivos de casación la contravención de las normas procesales y el quebrantamiento de las formas procesales establecidas en ellas.

SEGUNDO.- Que, en ese sentido, el debido proceso está calificado como un derecho humano o fundamental que asiste a toda persona por el solo hecho de serlo, y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un Juez responsable, competente e independiente, toda vez que el Estado no solamente está en el deber de proveer la prestación jurisdiccional a las partes del proceso o terceros legitimados, sino a proveerla con determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo, en tanto que el debido proceso sustantivo no solo exige que la resolución sea razonable, sino esencialmente justa. Consecuentemente el derecho al debido proceso es un conjunto de garantías de las cuales gozan los justiciables, que incluyen, la tutela jurisdiccional efectiva, la observancia de la jurisdicción y de la competencia predeterminada por Ley, la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad de las resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las partes, tales como el derecho de acción, de contradicción, entre otros.

TERCERO.- Que, bajo ese contexto dogmático, se puede colegir que la causal denunciada se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han omitido o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.

CUARTO.- Que, sobre el caso que nos ocupa, se aprecia que: i) por escrito de fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, obrante a fojas ciento nueve, sellado por el Centro de Distribución General de la Corte Superior de Justicia del Callao, Alicorp Sociedad Anónima Abierta interpone demanda contra Columbia Shipmanagement Limited y Cape Esmeralda Nav Company Limited representados por su agente marítimo Trabajos Marítimos Sociedad Anónima - TRAMARSA, sobre Indemnización por daño emergente a fin de que cumplan con pagarle solidariamente la suma de noventa y un mil seiscientos cincuenta y siete dólares americanos con cincuenta centavos (US$.91,657.50) más los intereses legales devengados y por devengarse; así como los costos y costas del presente proceso. El monto del petitorio comprende el valor de los faltantes que se registraron en el cargamento de aceite Crudo de Palma RBD a granel que fuera transportado por la nave M/N CAPE ESMERALDA al Puerto del Callao Perú, como fundamentos de hecho de su demanda están: Que la demandante adquirió de FELDA IFFCO TRADING SDN BHD el cargamento de once mil trescientos noventa y nueve punto ochocientos treinta y cuatro toneladas métricas (11,399.834 TM) de aceite Crudo de Palma RBD a granel por un valor CFR de mil doscientos cuarenta dólares americanos (US$.1,240.00) y mil doscientos ochenta y cinco dólares americanos (US$.1,285.00) por tonelada métrica (siendo el valor promedio de mil doscientos sesenta y dos dólares americanos con cincuenta centavos -US$.1,262.50-) según consta en la Factura Comercial número 700374 y Factura Comercial número 700373 respectivamente. Que el cargamento de aceite en mención fue embarcado en buen orden y condición, en el Puerto de Batam Island - Indonesia, a bordo de la M/N CAPE ESMERALDA con destino al Puerto del Callao - Perú, emitiéndose el Conocimiento de Embarque número BTM/PER-02 y Conocimiento de Embarque número BTM/PER-01, consignando dos lotes de dos mil ochocientos noventa y nueve punto novecientos tres toneladas métricas (2,899.903 TM) y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve punto novecientos treinta y un toneladas métricas (8,499.931 TM) de Aceite Crudo de Palma RBD a granel, respectivamente, limpio a bordo, sin que el agente a nombre del capitán efectúe ninguna observación sobre el estado y condición de la carga. Que al llegar al Puerto del Callao se verificó un faltante de setenta y dos punto sesenta y cuatro toneladas métricas (72.64 TM) de Aceite Crudo de Palma RBD a granel, según consta en los Certificados de Peso expedidos por APM TERMINALS CALLAO, toda vez que solo se descargó once mil trescientos cincuenta y ocho punto doce toneladas métricas (11,358.012 TM), en lugar de once mil trescientos noventa y nueve punto ochocientos treinta y cuatro toneladas métricas (11,399.834 TM) de Aceite Crudo de Palma, conforme lo declarado en el conocimiento de embarque; que, los Señores Herrera - D.K.P. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada Ajustadores de Seguros presentaron Protesta informativa ante la Capitanía de Puerto del Callo, en la que se denunció en nombre de la demandante los faltantes en el cargamento de Aceite Crudo de Palma RBD a granel, responsabilizando al buque, sus navieros armadores y propietarios. Agrega que los ajustadores de seguros antes citados, cursaron Carta Reclamo en nombre de su asegurado al Representante Legal de los propietarios y armadores de la nave M/N CAPE ESMERALDA señores Trabajos Marítimos Sociedad Anónima en su calidad de Agentes Marítimos de la nave, haciéndolos responsables por la falta de entrega de Aceite Crudo de Palma RBD registradas a la descarga de la nave M/N CAPE ESMERALDA, en el Puerto del Callao - Perú. En consecuencia considera que el faltante verificado a la descarga fue de setenta y dos punto sesenta y cuatro toneladas métricas (72.64 TM) de Aceite Crudo de Palma RBD a granel y que el valor promedio costo y flete por tonelada métrica es de mil doscientos sesenta y dos dólares americanos con cincuenta centavos (US$.1,262.50), siendo que el monto de la pérdida en el cargamento de Aceite Crudo de palma ascendió a la suma de noventa y un mil seiscientos cincuenta y siete dólares americanos con cincuenta centavos (US$.91,657.50); ii) por Resolución número uno de fecha cinco de noviembre de dos mil doce, se resuelve admitir a trámite la presente demanda en vía de proceso Abreviado; iii) por escrito de fecha veintidós de noviembre de dos mil doce Columbia Shipmanagement Limited y Cape Esmeralda Nav Company Limited representadas por su agente marítimo Trabajos Marítimos Sociedad Anónima contestan la demanda señalando: que es universalmente conocido que en el transporte de cargamentos de productos a granel se produce una pérdida normal y natural durante la operación de embarque, transporte y descarga debido a factores tales como pérdida parcial del producto durante las operaciones de carga y descarga, conociéndose esto como merma natural de ruta, Que un factor adicional a ello radica en la calibración de las balanzas u otros medios que se utilizan para pesar o determinar la cantidad del producto en el puerto de embarque (Batam - Indonesia) y de descarga (Callao - Perú). Señalando que una balanza está calibrada cuando su margen de error se encuentra dentro de la tolerancia que indican las Normas Técnicas aplicables a la calibración. Que, es ampliamente conocido que ninguna balanza es exacta pues éstas tienen un margen de error que es necesario conocer teniendo a la vista los respectivos certificados de calibración. Que la demandante no ha presentado la copia del ticket de las balanzas con las que pesaron el cargamento en el puerto de origen (Batam - Indonesia) y menos aún el certificado de calibración, y de no haber pesado la carga con balanzas, debió indicar el método alternativo utilizado para determinar la cantidad embarcada con su respectivo ticket o documento similar. Por último señala que la demandante pretende utilizar el conocimiento de embarque como un certificado que acredita la cantidad embarcada, cuando la función del conocimiento de embarque es en cargamentos a granel que es la de recoger las declaraciones del embarcador respecto de la mercadería embarcada. Que, se ampara en el artículo 196 del Código Procesal Civil, por lo que la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, siendo indispensable la entrega de los medios probatorios antes mencionados. Asimismo no basta la presentación del certificado de peso emitido por el Terminal del Callao porque estos hacen referencia a la parte final de la actividad de transporte y no a la de embarque siendo ésta última de fundamental importancia; iv) tramitado el proceso de acuerdo a ley en el cuaderno de excepciones la parte demandante deduce la excepción de prescripción extintiva mediante escrito de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, que obra a fojas cuatro; v) que tramitada la causa conforme a su estado el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil declaró fundada la Excepción de Prescripción Extintiva y en consecuencia nulo y concluido el proceso, argumentando que el artículo 955 del Código de Comercio debe ser concordado con el artículo 438 del Código Procesal Civil, esto es, que si la descarga de la mercadería se realizó con fecha treinta de octubre de dos mil once en el Puerto del Callao y habiéndose producido el emplazamiento de la demanda al demandado recién el ocho de noviembre de dos mil doce, después de un año desde que ocurrió la descarga en el Puerto del Callao, ha operado la prescripción extintiva; vi) por escrito de fecha doce de abril de dos mil trece, que obra a fojas cuarenta, la demandante Alicorp Sociedad Anónima Abierta interpone recurso de apelación; vii) por resolución de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, que obra a fojas ciento quince, la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, confirma la resolución apelada.

QUINTO.- Que, de lo expuesto precedentemente, se puede advertir que en el caso de autos se han contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, si bien no por los argumentos esgrimidos en el recurso de casación, sino porque este Supremo Tribunal aprecia una vulneración al inciso 3 del artículo 139 del Constitución Política del Perú, que señala como un principio de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; puesto que las instancias de mérito no han tenido en cuenta que conforme a reiterada y uniforme jurisprudencia de esta Suprema Corte y a la doctrina nacional, la prescripción extintiva es un instituto jurídico de naturaleza procesal y constituye una sanción al titular del derecho material, por no haberlo reclamado judicialmente dentro del plazo legal, y por tanto, está íntimamente ligado al principio de seguridad jurídica.

SEXTO.- Que, el inciso 2 del artículo 963 del Código de Comercio establece que: "Prescribirán al año: (...) 2) Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres o marítimos, o sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos transportados; contado el plazo de la prescripción, desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su destino, o del en que debía verificarse según las condiciones de su transporte"; mientras que en el primer párrafo del artículo 955 del Código de Comercio se señala que: "La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de la interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor"; y de acuerdo con el inciso 4 del artículo 438 del Código Procesal Civil: "El emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos: ( ... ) 4. Interrumpe la prescripción extintiva".

SÉTIMO.- Que, en el caso de autos, se tiene que si bien las instancias de mérito han amparado la excepción de prescripción extintiva deducida por la demandada y, en consecuencia, han declarado nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, bajo el amparo del artículo 955 del Código de Comercio concordado con el artículo 438 del Código Procesal Civil, esto es, que si la descarga de la mercadería se realizó con fecha treinta de octubre de dos mil once en el Puerto del Callao, y habiéndose producido el emplazamiento de la demanda al demandado recién el ocho de noviembre de dos mil doce, después de más de un año desde que ocurrió la descarga en el Puerto del Callao, ha operado la prescripción extintiva; dicha situación vulnera los derechos constitucionales a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, si se tiene en cuenta que las instancias de mérito no pueden tomar en cuenta para contabilizar el plazo de prescripción, la fecha de notificación con la demanda, sino la fecha en que se interpone la demanda de indemnización, esto es, el día veintiséis de octubre de dos mil doce. En efecto, la citación con la demanda constituye un hecho que produce la interrupción del decurso prescriptorio -según lo establece el inciso 4 del artículo 438 del Código Procesal Civil y el artículo 1996 inciso 3 del Código Civil- cuando este acontecimiento se ha dado mientras discurre el plazo primigenio y por tal razón, el período de tiempo que ya se había dado queda sin efecto y vuelve a iniciarse el plazo; sin embargo, cuando no se ha producido ninguna circunstancia que afecte el normal transcurso del tiempo (interrupción o suspensión) entre el momento inicial y el final del plazo prescriptorio, resulta razonable estimar que el día en que se ejercita el derecho de acción, esto es, el día en que se interpone la demanda, sea un acto que debe ser considerado dentro del indicado plazo; por ello, considerar a la notificación misma como el momento en que recién se interrumpe la prescripción, distorsiona los alcances de esta institución jurídica, si se tiene en cuenta que el acto de notificación no se produce el mismo día en que se presenta la demanda sino mucho después, debiéndose considerar además, que las demoras en que incurra el personal encargado de las notificaciones no pueden ser de responsabilidad del justiciable, debido a que afecta el ejercicio del derecho de acción, el mismo que no puede tener limitaciones, ni restricciones conforme lo establece el artículo 3 del Código Procesal Civil, toda vez que se trata de un derecho humano que, como tal, merece total protección1. Siendo ello así, la presente demanda ha sido interpuesta dentro del plazo establecido por ley.

OCTAVO.- Que, es evidente que la resolución de vista causa perjuicio al recurrente toda vez que se ha dejado de aplicar el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que señala como un principio de la función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; y a fin de lograr una mejor celeridad procesal, conduce a este Supremo Tribunal a actuar en sede de instancia; y en este sentido corresponde revocar la resolución que es materia del recurso de Casación y declarar infundada la excepción propuesta. Por tales fundamentos y en aplicación a lo establecido en el artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Alicorp Sociedad Anónima Abierta a fojas ciento treinta y tres del cuaderno de excepciones; en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas ciento quince, de fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao; y actuando en sede de instancia, REVOCARON la resolución de primera instancia de fojas diecisiete, de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece, que declara fundada la Excepción de Prescripción Extintiva deducida por las demandadas Columbia Shipmanagement Limited y Cape Esmeralda Nav Company Limited representadas por su agente marítimo Trabajos Marítimos Sociedad Anónima; reformándola, declararon INFUNDADA la precitada excepción; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Alicorp Sociedad Anónima Abierta contra Columbia Shipmanagement Limited y otra, sobre Indemnización; y los devolvieron. Ponente Señora Martínez Maraví, Jueza Suprema. S.S. TELLO GILARDI, MARTÍNEZ MARAVÍ, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, CALDERÓN PUERTAS

1. En estos términos ya se ha pronunciado esta Corte Suprema de Justicia: Casación número 774-2011 Huánuco, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, de fecha treinta de noviembre de dos mil doce.

C-1366695-3

Publicado 2 de mayo de 2016
Página 76063

Casación número 774-2011 Huánuco

Cómputo prescriptorio corre desde interposición de la demanda y no desde la notificación.

Sumilla: “…que la citación con la demanda constituye un hecho que produce la interrupción del decurso prescriptorio según lo establece el artículo 1996 inciso 3 del Código Civil, cuando este acontecimiento se ha dado mientras discurre el plazo primigenio, por tal razón, el período de tiempo que ya se había dado, queda sin efecto y vuelve a iniciarse el plazo. Sin embargo, cuando no se ha producido ninguna circunstancia que afecte el normal transcurso del tiempo (interrupción o suspensión) entre el momento inicial y el final del plazo, resulta razonable estimar que el día en que se ejercita el derecho de acción, esto es, con la interposición de la demanda, sea un acto válido del acreedor que debe ser considerado dentro del indicado plazo; por ello, tomar en cuenta el momento en que se produce la notificación misma, para determinar el cómputo prescriptorio en la situación anotada, distorsiona los alcances de la institución jurídica en análisis, si se tiene en cuenta que el acto de notificación como sucede en el caso en particular no se ha producido el mismo día que se presentó la demanda sino mucho después, así entonces, para que no opere el instituto de la prescripción extintiva, tendría que considerarse el tiempo que tomará notificar a la parte demandada, lo cual evidentemente reduce el plazo prescriptorio. Asimismo, debe tenerse en cuenta las demoras en que incurra el personal encargado de las notificaciones no pueden ser de responsabilidad del justiciable debido a que afecta el ejercicio del derecho de acción, el mismo que no puede tener limitaciones, ni restricciones conforme así lo establece el artículo 3 del Código Procesal Civil porque se trata de un derecho humano, y por tal merece total protección…”

“…Respecto al momento inicial y final que deben tenerse en cuenta para el cómputo del plazo de la prescripción, conforme lo señala el artículo 1993 del Código Civil, la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular del derecho. Dentro de ese contexto, se tiene que el término inicial se considera desde la fecha de la legalización de la Resolución número 081-2007, denegatoria de la queja de derecho interpuesta por el hoy demandado en el proceso de usurpación, obrante a folios nueve y cuya data es del diez de diciembre del año dos mil siete; en consecuencia, tomando en cuenta el inicio del plazo antes mencionado, hasta la interposición de la demanda, once de julio del año dos mil ocho, no ha transcurrido aun el periodo de tiempo antes referido para que opere la prescripción extintiva de la acción…”

“…El demandante Juan Roque Quiñonez Morales postula la presente demanda a fin que se le pague una indemnización por daños y perjuicios no menor de ciento ochenta mil nuevos soles (S/.180,000.00), que -según refiere- le ha ocasionado el demandado por la denuncia calumniosa, maliciosa y temeraria efectuada en su contra, por el delito de usurpación agravada y contra la libertad, en la modalidad de violación de domicilio…”

CAS. N° 774-2011 HUÁNUCO. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. Lima, veintisiete de enero del año dos mil doce.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número setecientos setenta y cuatro - dos mil once, en el día de la fecha, y producida la votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia,

MATERIA DEL RECURSO: Es materia del presente recurso de casación la resolución de vista obrante a folios cuatrocientos cincuenta y seis del expediente, su fecha cuatro de enero del año dos mil once, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que revocando la resolución de primer grado se declara fundada la excepción de prescripción extintiva, nulo todo lo actuado y concluido el proceso; en los seguidos por Juan Roque Quiñonez Morales contra Carlos Antonio Guzmán Valverde, sobre indemnización por daños y perjuicios. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante la resolución de folios cuarenta y cinco del cuadernillo de casación, su fecha diecinueve de julio del año dos mil once, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por Juan Roque Quiñonez Morales, por la causal de infracción normativa procesal.

CONSIDERANDO:

Primero.- El impugnante al fundamentar el recurso de su propósito sostiene que la recurrida infringe los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, 50 inciso 6 y 397 del Código Procesal Civil, referidos a los principios y derechos de la función jurisdiccional, observancia del derecho al debido proceso, tutela jurisdiccional y motivación de las resoluciones judiciales, incurriéndose -según refiere- en una interpretación errónea del artículo 1996 inciso 3 del Código Civil y afectación del artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, por cuanto la denuncia penal que formulara en su contra la parte demandada fue archivada por Resolución número 081-2007 de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil siete, expedida por la Segunda Fiscalía Provincial de Huánuco y la presente demanda se interpuso con fecha once de junio del año dos mil ocho. Alega, que el demandado tomó conocimiento del proceso deduciendo la nulidad de lo actuado y la excepción de prescripción extintiva propuesta en autos constituye a su parecer una articulación dilatoria del emplazado por cuanto el decurso prescriptorio se interrumpió al notificarse la presente demanda.

Segundo.- Examinado el presente proceso para determinar si al emitirse la recurrida se ha incurrido en una infracción normativa procesal en los términos denunciados, es del caso efectuar las precisiones siguientes: I.- El demandante Juan Roque Quiñonez Morales postula la presente demanda a fin que se le pague una indemnización por daños y perjuicios no menor de ciento ochenta mil nuevos soles (S/.180,000.00), que -según refiere- le ha ocasionado el demandado por la denuncia calumniosa, maliciosa y temeraria efectuada en su contra, por el delito de usurpación agravada y contra la libertad, en la modalidad de violación de domicilio. Alega, que con fecha veinticuatro de julio del año dos mil seis el demandado formuló denuncia penal ante la Fiscalía por el delito contra el patrimonio- usurpación agravada y daños, en el curso de las investigaciones se concluyó que el local respecto al cual se formuló la denuncia, es de propiedad de la Federación de Empleados Bancarios del Perú - Huánuco; que el demandante es asociado y ex dirigente de dicha entidad, que el demandado fue asociado pero en la actualidad no ejerce ningún cargo y no ha tenido la condición de posesionario y menos de propietario del bien mencionado; razón por la cual la Segunda Fiscalía Penal de Huánuco concluyó por resolver "no ha lugar" a formular denuncia penal en su contra, disponiéndose el archivamiento definitivo; no obstante, el demandado interpuso recurso de queja de derecho ante el superior y la Segunda Fiscalía Superior Penal de Huánuco mediante Resolución número 081-2007 de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil siete declaró inadmisible la queja, disponiendo el archivo definitivo de lo actuado, evidenciándose de esta forma el dolo, temeridad y mala fe. II.- El demandado Carlos Antonio Guzmán Valverde formuló la excepción de prescripción extintiva de la acción, señalando que el demandante pretende una indemnización en base a una denuncia penal de parte que realizó ante la Segunda Fiscalía Penal de Huánuco, la misma que fue archivada mediante la Resolución número 576¬2007 de fecha siete de junio del año dos mil siete, declarándose inadmisible la queja interpuesta por el recurrente mediante Resolución número 081-2007 de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil siete, que le fue notificada al demandante con fecha diez de diciembre del año dos mil siete, fecha desde la cual el demandante tenía expedito su derecho para demandar indemnización por daños y perjuicios, por lo que habiéndosele notificado la presente demanda con fecha veinticinco de marzo del año dos mil diez, el plazo de dos años establecido en el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil se encuentra vencido. III.- La resolución de primer grado declaró infundado el medio de defensa planteado en autos, señalándose que "mediante la Resolución número 081-2007 copiada a folios nueve se declara inadmisible la queja de derecho del proceso de usurpación agravada, acto que da lugar al inicio de dicho plazo prescriptorio para que pueda ser ejercida por el actor, es decir, que a la fecha de la interposición de la presente demanda de fecha once de julio del año dos mil ocho y su notificación al demandado con fecha veinticinco de julio del año dos mil ocho, el plazo de dos años no ha prescrito (...).". IV.- La resolución de vista revocó la resolución de primer grado, y reformándola, declaró fundada la excepción de prescripción extintiva, nulo lo actuado y concluido el proceso, expresando que según: "La copia presentada a folios nueve es de fecha diez de diciembre del año dos mil siete, fecha que debe considerarse para el cómputo del plazo de prescripción, si bien la demanda fue interpuesta el once de julio del año dos mil ocho, esta fue notificada el veinticinco de marzo del año dos mil diez (folios trescientos setenta y cinco), habiendo transcurrido el plazo de prescripción que establece el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil que es de dos años (...)".

Tercero.- El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, es el que tiene toda persona "a que se le haga justicia", es decir, que cuando pretenda algo sea atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Como tal, constituye un derecho por decirlo de algún modo "genérico" que se descompone en un conjunto de derechos específicos enumerados, principalmente, en el mencionado artículo, o deducidos implícitamente de éste. De otro lado, la motivación de resoluciones judiciales como principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 122 incisos 3 y 4 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, es esencial en las decisiones judiciales, en atención a que los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima una demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega a una recta administración de justicia, evitándose con ello arbitrariedades y además permitiendo a las partes ejercer adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico, las razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto, los errores que puede haber cometido el juzgador.

Cuarto.- Respecto al momento inicial y final que deben tenerse en cuenta para el cómputo del plazo de la prescripción, conforme lo señala el artículo 1993 del Código Civil, la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular del derecho. Dentro de ese contexto, se tiene que el término inicial se considera desde la fecha de la legalización de la Resolución número 081-2007, denegatoria de la queja de derecho interpuesta por el hoy demandado en el proceso de usurpación, obrante a folios nueve y cuya data es del diez de diciembre del año dos mil siete; en consecuencia, tomando en cuenta el inicio del plazo antes mencionado, hasta la interposición de la demanda, once de julio del año dos mil ocho, no ha transcurrido aun el periodo de tiempo antes referido para que opere la prescripción extintiva de la acción.

Quinto.- Es del caso destacar que la citación con la demanda constituye un hecho que produce la interrupción del decurso prescriptorio según lo establece el artículo 1996 inciso 3 del Código Civi1, cuando este acontecimiento se ha dado mientras discurre el plazo primigenio, por tal razón, el período de tiempo que ya se había dado, queda sin efecto y vuelve a iniciarse el plazo. Sin embargo, cuando no se ha producido ninguna circunstancia que afecte el normal transcurso del tiempo (interrupción o suspensión) entre el momento inicial y el final del plazo, resulta razonable estimar que el día en que se ejercita el derecho de acción, esto es, con la interposición de la demanda, sea un acto válido del acreedor que debe ser considerado dentro del indicado plazo; por ello, tomar en cuenta el momento en que se produce la notificación misma, para determinar el cómputo prescriptorio en la situación anotada, distorsiona los alcances de la institución jurídica en análisis, si se tiene en cuenta que el acto de notificación como sucede en el caso en particular no se ha producido el mismo día que se presentó la demanda sino mucho después, así entonces, para que no opere el instituto de la prescripción extintiva, tendría que considerarse el tiempo que tomará notificar a la parte demandada, lo cual evidentemente reduce el plazo prescriptorio. Asimismo, debe tenerse en cuenta las demoras en que incurra el personal encargado de las notificaciones no pueden ser de responsabilidad del justiciable debido a que afecta el ejercicio del derecho de acción, el mismo que no puede tener limitaciones, ni restricciones conforme así lo establece el artículo 3 del Código Procesal Civil2 porque se trata de un derecho humano, y por tal merece total protección.

Sexto.- En consecuencia desde la fecha que se notificó al demandante la resolución que denegó la queja de derecho interpuesta por el hoy demandado, que ha sido tomado en cuenta desde la fecha que se legalizó dicho acto (diez de diciembre del año dos mil siete), hasta la fecha en que se interpone la demanda, once de julio del año dos mil ocho, no ha transcurrido el plazo previsto en el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, razón por la cual en el presente caso el plazo prescriptorio no ha operado.

Sétimo.- Consecuente con lo anterior, en el presente caso se verifica la infracción normativa procesal denunciada en casación; y por consiguiente, tratándose de un medio de defensa que puso fin al proceso, en virtud del Principio de Economía Procesal este Supremo Tribunal debe casarse la resolución impugnada, y actuando como sede de instancia debe confirmarse la decisión emitida en primer grado que desestimó la excepción de prescripción extintiva de la acción. Por estas consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Roque Quiñonez Morales mediante escrito obrante a folios cuatrocientos sesenta y nueve; en consecuencia, CASARON la resolución impugnada, NULA la resolución de vista a folios cuatrocientos cincuenta y seis, su fecha cuatro de enero del año, dos mil once; y actuando como sede de instancia: CONFIRMARON la resolución impugnada obrante a folios cuatrocientos veinticuatro, su fecha dieciséis de setiembre del año dos mil diez, que declaró infundada la excepción de prescripción extintiva de la acción; con lo demás que contiene; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en él. Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Juan Roque Quiñonez Morales contra Carlos Antonio Guzmán Valverde, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. Ponente Señora Aranda Rodríguez, Jueza Suprema.- S.S. TICONA POSTIGO, ARANDA RODRIGUEZ, PONCE DE MIER, MIRANDA MOLINA. EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO TICONA POSTIGO, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, conforme aparece de la revisión de actuados, con fecha once de julio del año dos mil ocho, Juan Roque Quiñonez Morales interpuso demanda para efectos de que Carlos Antonio Guzmán Valverde cumpla con pagar la suma de ciento ochenta mil nuevos soles -S/.180,000.00-por concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados a raíz de la denuncia calumniosa formulada en su contra por el emplazado ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huánuco. Sostiene que el emplazado, autoproclamándose dirigente departamental de la Federación de Empleados Bancarios — Sede Huánuco, lo denunció por los delitos contra el patrimonio —usurpación agravada y daños, y contra la libertad — violación de domicilio, por presuntamente haber ingresado a la fuerza en el local institucional sito en el jirón Abtao número mil ciento uno de dicha ciudad, causando daños materiales. Sin embargo, finalizadas las investigaciones, la Fiscalía expide la resolución del siete de junio del año dos mil siete, en la que resuelve no formular denuncia penal contra el recurrente, disponiendo el archivamiento definitivo, al haberse acreditado su condición de miembro de la federación y directivo, así como la ausencia de los actos violentos que se denunciaron. No conforme con esta decisión, el demandado le interpuso queja de derecho ante la Segunda Fiscalía Superior Penal de Huánuco, instancia que mediante resolución de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil siete, declaró inadmisible la citada queja de derecho por extemporánea, lo que evidencia de manera contundente que el emplazado obró con dolo, temeridad y malicia, a sabiendas de la falsedad de la imputación y con el único propósito de causarle daños materiales y morales, que menoscaba su salud, sus relaciones familiares, de trabajo y su imagen. SEGUNDO.- Que, Carlos Antonio Guzmán Valverde fue notificado con la demanda el treinta y uno de julio del año dos mil ocho en el domicilio real sito en el jirón Crespo y Castillo número quinientos setenta y dos de la provincia de Huánuco, que fuera señalado por él mismo en el trámite de la denuncia penal, conforme aparece del escrito de denuncia obrante a fojas dos y de los cargos de notificación que obran a fojas ochenta y cuatro y ochenta y cinco; no obstante lo cual, con fecha ocho de setiembre del año dos mil ocho se apersona al proceso refiriendo haber tomado conocimiento de su existencia de forma circunstancial y solicitando se declare la nulidad del acto de notificación con la demanda, toda vez que desde el catorce de enero del año dos mil ocho domicilia en el inmueble sito en el jirón Aguilar número ciento treinta y seis — ciento cuarenta, y no en el inmueble donde se ha practicado el acto de notificación. Este pedido de nulidad fue declarado infundado en primera instancia, pero la Sala Superior revocó tal decisión, y reformándola declaró nulo el acto de notificación del auto admisorio, ordenando la renovación del acto procesal viciado. TERCERO.- Que, la nueva notificación de la demanda tuvo lugar el veintisiete de mayo del año dos mil nueve, la misma que se practicó en el domicilio procesal del demandado -casilla de su abogado patrocinante, tal como aparece del cargo obrante a fojas doscientos siete. No obstante, Carlos Antonio Guzmán Valverde vuelve a formular pedido de nulidad del acto de notificación de la demanda, refiriendo que la misma debió notificarse en su domicilio real y no en la casilla del abogado, pedido que fue declarado improcedente por el juez de la causa. No obstante ello, apelada que fuera esa decisión, la Sala Superior revocó la resolución impugnada, declarando nulo el acto de notificación de la demanda y disponiendo se practique un nuevo acto de notificación al demandado. CUARTO.- Que, es así como llegamos al acto final de notificación con la demanda al demandado, que tuvo lugar el veinticinco de marzo del año dos mil diez, según aparece del pre-aviso y cargo de notificación obrantes a fojas trescientos setenta y cuatro y trescientos setenta y cinco. QUINTO.- Que, absolviendo el traslado de la demanda, Carlos Antonio Guzmán Valverde, formula la excepción de prescripción extintiva, señalando que desde la fecha en que se produjo el archivamiento definitivo de la denuncia penal hasta la fecha en que fue notificado formalmente con la demanda, ya había transcurrido en exceso el plazo de dos años previsto en el inciso cuarto del artículo dos mil uno del Código Civil, para el ejercicio de la acción indemnizatoria. SEXTO.- Que, el juez de la causa declaró infundada la excepción propuesta, pues consideró que desde la fecha de expedición de la resolución que declaró inadmisible por extemporánea la queja de derecho interpuesta en sede fiscal - dieciocho de setiembre del año dos mil siete- hasta la fecha de interposición de la demanda -once de julio del año dos mil ocho- aún no había transcurrido el plazo de dos años establecido para la prescripción de la pretensión incoada. SÉTIMO.- Que, sin embargo, apelada que fuera esta decisión, la Sala Superior revocó la misma, declarando fundada la excepción de prescripción extintiva, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, toda vez que estima que la interrupción del decurso prescriptorio solo tiene lugar con la notificación de la demanda, y en autos se tiene que el demandado ha sido notificado con la misma el veinticinco de marzo del año dos mil diez, mientras que el decurso prescriptorio se inició con la notificación de la resolución de fecha dieciocho de setiembre del dos mil siete dictada en la investigación fiscal, y que si bien no se acredita cuál sería la fecha de su notificación debe considerarse como tal la indicada en su certificación que data del diez de diciembre del mismo año. Siendo así, concluye que ha transcurrido el plazo prescriptorio de dos años, circunstancia que considera "(...) No atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio demandante, el mismo que como es de apreciarse del propio proceso no procuró un emplazamiento válido y oportuno (...)". OCTAVO.- Que, no parece existir mayor dificultad al establecer el momento a partir del cual debe iniciarse el cómputo del plazo prescriptorio para el caso concreto, pues la sentencia de vista ha establecido correctamente que el cómputo del mismo procede a partir del momento en que puede ejercitarse la acción -diez a quo-, de conformidad con lo normado en el artículo mil novecientos noventa y tres del Código Civil, y en el caso concreto ello tuvo lugar a partir de la notificación al demandante con la resolución fiscal que declaraba inadmisible por extemporánea la queja de derecho interpuesta por Carlos Antonio Guzmán Valverde, siendo que al no existir documento que acredite fehacientemente cuando tuvo lugar dicho suceso, debe considerarse la fecha de la certificación notarial que obra en el mismo documento; es decir, el diez de diciembre del año dos mil siete. NOVENO.- Que, no obstante, la controversia surge con respecto al acto que interrumpe el decurso prescriptorio, siendo que para el Juez de la causa éste se configuró con la interposición de la demanda que tuvo lugar el once de julio del año dos mil ocho, mientras que para la Sala Superior se interrumpió a consecuencia de la notificación "válida" con la demanda al emplazado, ocurrida el día veinticinco de marzo del año dos mil diez. Finalmente, el demandante —al sustentar su recurso de casación— considera que la interrupción tuvo lugar con, la primera notificación de la demanda, el-treinta y uno de julio del año dos mil ocho, siendo que las nulidades posteriores deducidas por el demandado son meros actos dilatorios destinados precisamente a lograr que se configure la excepción planteada. DECIMO.- Que, al referirse a los actos que interrumpen la prescripción, Luis Moisset De Espanés destaca a la demanda como un acto interruptivo de la prescripción por excelencia, en tanto que de la misma se desprende una manifestación de voluntad que acredita, de forma auténtica, que el acreedor no ha abandonado su crédito y que su propósito no es dejarlo perder -Cfr.: Prescripción. Segunda Edición, Advocatus, Córdoba, dos mil seis; páginas ciento noventa y seis — ciento noventa y nueve-. Como sostiene Eugenia Ariano Deho al comentar el artículo mil novecientos noventa y seis incisos terceros del Código Civil, para el legislador peruano la sola interposición de la demanda no interrumpe la prescripción, sino que lo hace la citación con ella, lo que quiere decir que se espera que el demandado tome conocimiento de su existencia. Este conocimiento, de que el actor pretende hacer valer sus derechos en contra del emplazado, puede manifestarse no solo a través de una demanda, sino también a través de otros actos por los cuales se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente. Estamos entonces ante actos que ponen en evidencia al deudor que el actor ha salido de su letargo (Cfr.: "Interrupción de la Prescripción". En: Código Civil comentado por los Cien Mejores Especialistas; Tomo Diez. Primer Edición, Gaceta Jurídica Sociedad Anónima, dos mil cinco; páginas doscientos noventa — doscientos noventa y dos-7. Contribuye a este debate Anibal Torres Vásquez cuando sostiene que la interposición de la demanda y su notificación al deudor demuestran el deseo del acreedor para no dejar perder su derecho, aun cuando haya recurrido a un juez incompetente. -Cfr.: Código Civil, Tomo Dos. Sétima Edición, IDEMSA, Lima, dos mil once; páginas novecientos setenta y ocho —novecientos setenta y nueve-. DÉCIMO PRIMERO.- Que, para dilucidar la controversia no debe perderse de vista la breve reseña sobre el trámite del proceso que se ha expuesto en los considerandos que anteceden, particularmente lo referido a las incidencias de nulidad, acogidas por los órganos inferiores; y esto es importante, porque precisamente se trata de establecer en este proceso si, como producto de una nulidad de actuados planteada hasta en dos oportunidades, se puede considerar que el demandado no ha sido notificado de la existencia de este proceso y de su contenido. DÉCIMO SEGUNDO.- Que, resulta ilustrativo precisar que al formular su primer pedido de nulidad, el demandado no negó que en su momento hubiera ocupado el domicilio señalado en el escrito de la demanda, sino que refirió que desde el catorce de enero del año dos mil ocho ocupaba otro. Con ello se pone de manifiesto que la actuación del demandante fue diligente y que el desconocimiento de la nueva situación domiciliaria del demandado no podía oponérsele. Lo mismo ocurre con la segunda notificación de la demanda, que se produjo al domicilio procesal del demandado , y no a su domicilio real, circunstancia que es plenamente Imputable al órgano Jurisdiccional y no a las partes, pues era el juez el llamado a cumplir a cabalidad y en sus propios términos con el mandato del superior. DÉCIMO TERCERO.- Que, en ese orden de ideas, resulta innegable, contrario a la lógica y además injusto pretender que el demandado no tomó conocimiento de la demanda y del proceso con posterioridad a su apersonamiento en el mismo, o cuanto menos con motivo de la segunda notificación de la demanda, aun cuando se hubiera realizado en la casilla judicial de su abogado y no a su domicilio real; más aún si tan solo el trámite de los pedidos de nulidad ocupo prácticamente —y de manera exclusiva— casi año y medio de actividad procesal; por lo tanto, considerar como acto interruptivo del decurso prescriptorio a la notificación "válida" de la demanda contraviene el espíritu del articulo mil novecientos noventa y seis inciso tercero del Código Civil, pues existieron otros actos a través ,de los cuales el demandado tomó conocimiento oportuno de la pretensión planteada en su contra y, por tanto, de la firme voluntad del demandante de hacer valer su derecho. DÉCIMO CUARTO.-Que, siendo así, se tiene que desde el momento en que quedó expedito el derecho del demandante para hacer valer la acción indemnizatoria en razón a los perjuicios causados por la denuncia calumniosa formulada en su contra ante el Ministerio Público -diez de diciembre del año dos mil siete-, hasta la fecha en que el demandado tomó conocimiento de la existencia de dicha demanda judicial en su contra -ya sea que se considere como tal su apersonamiento al proceso, que tuvo lugar el ocho de setiembre del año dos mil ocho, o el segundo acto de notificación con la demanda, ocurrido el veintisiete de mayo del año dos mil nueve, por acto imputable exclusivamente al Órgano Jurisdiccional- se concluye que aún no había transcurrido el plazo prescriptorio establecido en el artículo dos mil uno inciso cuarto del Código Civil; por tanto, la excepción de prescripción extintiva deducida por Carlos Antonio Guzmán Valverde debe ser desestimada. DÉCIMO QUINTO.- Que, en consecuencia, al verificarse la infracción de las normas procesales que se refieren en los fundamentos del recurso de casación, corresponde amparar el mismo. No obstante, si bien esta decisión implicaría el reenvío de los actuados a la instancia pertinente, sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza y mecanismo del medio de defensa que nos ocupa, excepcionalmente debe emitirse pronunciamiento sobre la excepción deducida, atendiendo a la finalidad del proceso y en aplicación del principio de economía procesal, referido al ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo, por lo que corresponde a este Supremo Tribunal pronunciarse en sede de instancia sobre la pretensión contenida en la excepción, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil; razones por las cuales: Ml VOTO es porque se declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Roque Quiñonez Morales mediante escrito obrante a fojas cuatrocientos sesenta y nueve; SE CASE la resolución impugnada, en consecuencia, se declare NULO el auto de vista obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y seis, su fecha cuatro de enero del año dos mil once, y actuando como sede de instancia, SE CONFIRME la resolución obrante a fojas cuatrocientos veinticuatro, su fecha dieciséis de setiembre del año dos mil diez, en el extremo apelado que declara infundada la excepción de prescripción extintiva deducida por Carlos Antonio Guzmán Valverde, debiendo continuar el proceso conforme a su estado; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Juan Roque Quiñonez Morales contra Carlos Antonio Guzmán Valverde, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y se devuelvan.- S. TICONA POSTIGO. EL VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA VALCÁRCEL SALDAÑA ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero.-Que, se trata del recurso de casación corriente de fojas cuatrocientos sesenta y nueve a cuatrocientos setenta y tres interpuesto por Juan Roque Quiñónez Morales contra la sentencia de vista contenida en la resolución número tres obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y seis a cuatrocientos cincuenta y nueve dictada el cuatro de enero del año dos mil once por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco que revoca la apelada que declara infundada la excepción de prescripción extintiva deducida por el demandado Carlos Antonio Guzmán Valverde y reformando la misma declara fundada la precitada excepción, consecuentemente nulo todo lo actuado y por concluido el proceso. Segundo.- Que, por resolución de fecha diecinueve de julio del año dos mil once obrante de fojas cuarenta y cinco a cuarenta y seis del cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de infracción normativa procesal alegando el recurrente que la recurrida infringe el articulo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, artículos 50 inciso 5 y 397 del Código Procesal Civil referentes a los principios y derechos de la función jurisdiccional, observancia del derecho al debido proceso, tutela jurisdiccional y motivación de las resoluciones judiciales, incurriéndose en interpretación errónea del artículo 1996 inciso 3 del Código Civil y afectación del artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil toda vez que la denuncia penal que formulara en su contra la parte demandada fue archivada por resolución número 081-2007 de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil siete expedida por la Segunda Fiscalía Provincial de Huánuco y la presente demanda se interpuso el once de junio del año dos mil ocho; alega que el demandado tomó conocimiento del proceso deduciendo la nulidad de lo actuado y la excepción de prescripción extintiva propuesta en autos constituye a su parecer una articulación dilatoria del emplazado pues el decurso prescriptorio se interrumpió al notificarse la presente demanda. Tercero.- Que, a efectos de determinar si en el caso en concreto se ha incurrido en la infracción normativa procesal en los términos propuestos debe precisarse lo siguiente: 1) Juan Roque Quiñónez Morales promueve demanda por escrito obrante de fojas sesenta y cuatro a setenta y nueve con fecha once de julio del año dos mil ocho ante el Juzgado Mixto de Huánuco sobre indemnización por daños y perjuicios con la finalidad de que el demandado Carlos Antonio Guzmán Valverde le abone la cantidad no menor de ciento ochenta mil nuevos Soles (S/.180,000.00) por los daños ocasionados por la calumniosa, maliciosa y temeraria denuncia interpuesta por el delito de usurpación agravada, daños y contra la libertad individual en la modalidad de violación de domicilio; alega que con fecha veinticuatro de julio del año dos mil seis el demandado conjuntamente con Cirilo Guzmán Sánchez y Orlando Germán Ramírez y Morales formularon denuncia penal ante la Segunda Fiscalía Provincial en lo Penal de Huánuco imputándole la comisión de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada y daños así como la' comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación de domicilio; afirma que realizada la investigación fiscal quedó demostrado que el inmueble ubicado en el Jirón Abtao número 1101 de la provincia de Huánuco, local institucional de la Federación de Empleados Bancarios - Secciona! Departamental Huánuco pertenece única y exclusivamente a la mencionada Federación adquirido por Escritura Pública de compraventa de sus anteriores propietarios José Torres Cárdenas y cónyuge Lucila Arteaga de Torres el treinta de noviembre del año mil novecientos cincuenta y siete siguiendo perteneciendo a dicha entidad inclusive los denunciados entre estos el recurrente como ex empleados bancarios gozando del ejercicio de sus derechos inherentes a cualquier agremiado no formulándose según Resolución número 576-2007 emitida por el representante del Ministerio Público con fecha siete de junio del año dos mil siete denuncia penal disponiendo el archivamiento definitivo habiendo declarado la Segunda Fiscalía Superior Penal -de Huánuco por Resolución número 081-2007 de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil siete inadmisible el recurso de queja de derecho interpuesto por los denunciantes archivándose definitivamente la denuncia lo que evidencia de manera contundente que el hoy emplazado ha obrado con dolo, temeridad, maliciosidad y mala fe con el único propósito de causarle daños materiales y morales a sabiendas de la falsedad de la imputación; 2) tramitada la demanda acorde a su naturaleza es de verse que el demandado Carlos Antonio Guzmán Valverde deduce la excepción de prescripción extintiva señalando que el demandante pretende una indemnización en base a una denuncia penal efectuada ante la Segunda Fiscalía Penal de Huánuco la misma que fue archivada mediante resolución número 576-2007 de fecha siete de junio del año dos mil siete declarándose inadmisible, la queja interpuesta según resolución número 081-2007 de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil siete fecha desde la cual el demandante tenla expedito su derecho para incoar la demanda de indemnización por daños y perjuicios por lo que al haberse notificado a la parte emplazada con la demanda el veinticinco de marzo del año dos mil diez se encuentra vencido el plazo de dos años previsto en el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil; 3) el Juez del Primer Juzgado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Huánuco por resolución número treinta y cuatro obrante de fojas, cuatrocientos veinticuatro a cuatrocientos veintisiete declara infundada la precitada excepción al considerar que con la resolución número 081-2007 de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil siete que declaró el archivamiento definitivo de la denuncia de usurpación agravada se da lugar al inicio del plazo prescriptorio a efectos de que pueda ser ejercida la acción por tanto a la fecha de interposición de la demanda la cual se realizó el once de julio del año dos mil ocho así como a la fecha de . notificación al demandado esto es el veinticinco de julio del año dos mil ocho el plazo de dos años contemplado por el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil aún no ha prescrito; y 4) apelada dicha decisión la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco revoca la resolución de primer grado y reformando la misma declara fundada la excepción de prescripción extintiva por considerar que con la resolución número 081-2007 de fecha dieciocho de setiembre del año dos mil siete si bien no se acredita la fecha de notificación sin embargo al tener la copia presentada a fojas nueve como fecha el diez de diciembre del año dos mil siete se desprende por ende que esa es la fecha que debe considerarse para el cómputo del plazo de prescripción señalando en tal sentido que si bien la demanda fue interpuesta el once de julio del año dos mil ocho la misma fue válidamente notificada el veinticinco de marzo del año dos mil diez transcurriendo el plazo.., de prescripción establecido por el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil situación que no es atribuible al órgano jurisdiccional sino al demandante al no procurar un emplazamiento válido y oportuno solicitando recién el diecinueve de marzo del año dos mil diez que se notifique al demandado en su domicilio real efectuándose la notificación con las formalidades de ley una vez ya vencido el plazo de prescripción. Cuarto.- Que, sobre el particular es del caso precisar que acorde a lo previsto por el artículo 1993 del Código Civil la prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del titular del derecho asimismo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1996 inciso 3 de la norma acotada la prescripción se interrumpe por la citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente constituyendo la interrupción el efecto del emplazamiento válido con la demanda de acuerdo a lo estipulado por el artículo 438 inciso 4 del Código Procesal Civil. Quinto.- Que, consiguientemente, siendo el término inicial de cómputo el que se produce a partir de la legalización de la Resolución número 081-2007 efectuada el diez de diciembre del año dos mil siete por la que se declaró inadmisible la queja de derecho al resultar extemporánea la interpuesta por Carlos Antonio Guzmán Valverde y Orlando Germán Ramírez y Morales el plazo de prescripción de dos años para interponer la demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual previsto en el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil se interrumpió con la citación con la demanda acorde a lo preceptuado por el artículo 1996 inciso 3 de la acotada norma civil el día veinticinco de marzo del año dos mil diez por ser el emplazamiento válido con la demanda el que produce la interrupción de la prescripción. Sexto.- Que, siendo esto así, a partir del diez de diciembre del año dos mil siete fecha en que se legaliza la resolución que deniega la queja de derecho hasta la fecha en que produce la citación con la demanda esto es el veinticinco de marzo del año dos mil diez ha transcurrido el plazo previsto por el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil por ende no se configura la causal denunciada de infracción normativa procesal; fundamentos por los cuales:, MI VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan Roque Quiñónez Morales contra la resolución de vista obrante de fojas cuatrocientos cincuenta y seis a cuatrocientos cincuenta y nueve expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco el cuatro de enero del año dos mil once; NO SE CASE la resolución de vista; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Juan Roque Quiñónez Morales contra Carlos Antonio Guzmán Valverde sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y devuélvase.- S. VALCÁRCEL SALDAÑA.

1.- Se interrumpe la prescripción por: inciso 3.- Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente.

2.-Los derechos de acción y contradicción en materia procesal civil no admiten limitación ni restricción para su ejercicio, sin perjuicio de los requisitos procesales previstos en este Código.

C-866072-332

Publicado 30-11-2012

Página 38256

Fuente: www.juriscivil.com


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Carlos Peralta
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